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El Centro Internacional de Investigaciones sobre la Economía Colectiva fue creado en 1947 por el Profesor Edgard Milhaud, economista francés enseñante en la Universidad de Ginebra, después de fundar la revista “Les Annales”. Con la activa ayuda de amigos suizos Milhaud constituyó el CIRIEC y lo hizo vivir en Ginebra hasta 1957.

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El objetivo de este artículo consiste en realizar una aproximación al campo de estudio de la Economía Social y ofrecer algunos de los rasgos más sobresalientes de la realidad estructural que la conforma. Advertimos que no pretendemos pasar revista de manera exhaustiva a todas y cada una de las instituciones que pertenecen, o son susceptibles de hacerlo, al amplio campo de la Economía Social. Y subrayamos que nuestro propósito consiste en realizar una aproximación panorámica que, por lo tanto, nos va a impedir entrar en detalles pormenorizados.

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La empresa pública (EP) es una empresa (organización cuya actividad principal consistente en la producción de bienes y servicios destinados al mercado) controlada por las Administraciones Públicas a través de la participación de éstas en la propiedad del capital social y/o mediante la capacidad para designar o influir directamente en su dirección (mediante la utilización, por ejemplo, de figuras de derecho público como el delegado del Gobierno). Para delimitar el ámbito del sector empresarial público lo relevante es la capacidad de control de las mismas por las Administraciones Públicas y no su forma jurídica, actividad, etcétera.

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Como otros pueblos del mundo, el Pueblo Vasco ha desarrollado a lo largo de su prolongada historia fórmulas productivas de autoayuda que fueron institucionalizándose en sistemas simples de intervención comunal, destacadamente la “Lorra” (préstamo de aperos de labranza y de ganado para el trabajo agrícola), el “Auzolan” (trabajos vecinales comunitarios), la “Ermandadea” (asistencias mutuas entre pobladores de un mismo valle9, EL “Ordeak” (trabajos recíprocos a trueque), y, desde el siglo XI, las Cofradías de Pescadores, con orígenes religiosos pero dotadas también de fines mutuales y asistenciales.

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Las exenciones fiscales suelen ser elementos erosionantes del principio de equidad tributaria, aparecen las más de las veces como resultado transaccional entre el legislador y los grupos de presión interesados en la imposición y por él merecen serias críticas, tanto por parte de la doctrina académica como por parte de las clases reformadoras. El presente trabajo pretende demostrar que sin invalidar ni refrendar la posición general, es posible, sin embargo, tratar el problema de forma radicalmente diferente cuando nos situamos ante un Estatuto Fiscal Cooperativo. Argumentos teóricos y propuesta concreta quedan vertidos en el mismo de forma explícita.