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El presente número monográfico ofrece distintos trabajos cuyo objeto conjunto es dar una visión precisa de la arquitectura y de la aplicación reciente y prevista para el futuro inmediato de los Fondos Estructurales, con una especial atención a su impacto en el ámbito de la Economía social y cooperativa. Enmarcado en la vocación de diálogo teoría-práctica y profesionales-académicos, característica de Ciriec, el presente número contiene documentos procedentes de profesionales y responsables político-administrativos integrados en el entramado de los Fondos Estructurales, tanto a nivel comunitario como español, y de científicos especialistas en el tema y de prestigio internacional.

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El presente documento describe, en primer lugar, el marco de la política estructural de la Unión Europea para el periodo 2000-2006: expone los objetivos e instrumentos, destacando las dotaciones financieras acordadas por el Consejo Europeo en 1999. Enmarcada en el contexto precedente, la segunda parte del texto tiene por objeto describir el radio de acción y marco financiero a nivel europeo de uno de los Fondos Estructurales, el Fondo Social Europeo, así como presentar su despliegue en España.

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Este artículo hace referencia a la reciente reforma del Fondo Social Europeo (FSE) y a las consecuencias que ésta puede tener sobre la Economía Social. Aprobada en 1999, la reforma afecta al periodo comprendido entre el año 2000 y el 2006. Tras un breve repaso de la evolución del Fondo Social Europeo desde su creación en 1957, se analizan las principales características de la reforma del conjunto de los Fondos Estructurales.El capítulo siguiente propone un examen detallado del periodo de programación 1994-1999, con el fin de establecer la relación existente entre el FSE y la Economía Social, tanto teórica como de hecho. A continuación se lleva a cabo un análisis de textos extraídos de la última reforma del FSE.Como conclusión, se aportan sugerencias a los Estados Miembros y a las organizaciones de la Economía Social para que traduzcan las disposiciones adoptadas a escala europea en acciones concretas sobre el terreno.

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El presente trabajo analiza las razones que dieron lugar al nacimiento de la Política Regional Europea y describe sus principios y objetivos básicos, así como las transformaciones que ha experimentado su forma de operar desde la reforma de los Fondos estructurales de 1988 hasta la aprobación de la Agenda 2000. Su capacidad de corrección de los desequilibrios regionales se pone posteriormente en relación con la limitada capacidad de la Hacienda Pública Europea para desarrollar algunas de las funciones que habitualmente competen al nivel central de gobierno en los Estados de estructura política federal, lo que ocasiona una cierta falta de coherencia entre los niveles regionales de renta y las balanzas fiscales correspondientes. Finalmente se lleva a cabo un balance de los logros y limitaciones de la Política Regional Europea, sin reducir su incidencia a los aspectos presupuestarios.

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El objeto de este artículo es realizar una reflexión en torno al posible impacto del proceso de ampliación actual de la Unión Europea (UE) sobre su política de cohesión económica y social. En una primera parte, se destacan las razones por las cuales la ampliación hacia el Este constituye una prioridad para la UE y se expone la estrategia de preadhesión llevada a cabo a lo largo de los años noventa. Posteriormente, se analizan las propuestas de la Agenda 2000 y las vías de financiación establecidas para la ampliación, valorando las repercusiones de la misma sobre las acciones estructurales y el conjunto de la UE. Una de las principales conclusiones es que, aunque se trata de una ampliación difícil, con ajustes importantes, la misma representa una excelente oportunidad para contribuir a la estabilidad política y al progreso económico y social del viejo continente.

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La Agenda 2000 y los acuerdos que se alcanzaron en el Consejo Europeo de Berlín brindaron la posibilidad para un nuevo diseño de las políticas europeas a las puertas del siglo XXI. Los tres aspectos fundamentales abordados fueron: la reforma de la Política de Estructuras, la reforma de la Política Agraria Común y los necesarios ajustes para la adaptación a la entrada de nuevos miembros en la Unión Europea, dotándose para ello de un marco financiero específico para el periodo 2000-2006.El presente artículo pone de manifiesto la evolución y perspectiva de los instrumentos financieros estructurales a partir de la reforma con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, así como la necesaria asunción de competencias y funciones por parte de los Estados miembros. Por otro lado, se discute el cambio de tendencia que supone enmarcar a la agricultura dentro de un marco socio-económico más amplio. En efecto, el sector agrario ha de ser abordado no de forma aislada sino como actividad económica con un peso importante en el desarrollo de las diferentes regiones europeas, que han de ser favorecidas para conseguir el equilibrio territorial y la cohesión económica y social, lo que supone el fortalecimiento de una política rural que afiance este equilibrio como pilar fundamental de la política agraria común.En este contexto, las sociedades cooperativas juegan un papel crucial como agente involucrado en los procesos de desarrollo territorial, no sólo por su dinámica como actores económicos sino por su contribución a la cohesión económica y social.

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El objetivo del presente trabajo es analizar el volumen y la forma de distribución de los recursos financieros que constituyen los fondos FEDER de la Unión Europea. Estos fondos tienen como finalidad principal la reducción de las diferencias en el desarrollo estructural entre los estados miembros. Para el cumplimiento de esta misión, los fondos son asignados a cada zona objetivo en función de diferentes criterios y parámetros que persiguen la distribución de más recursos entre las regiones menos desarrolladas. En este sentido, España ha sido hasta ahora uno de los países más favorecidos.

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En este artículo son analizadas las relaciones entre desempleo y cooperativismo. Nosotros hipotetizamos que las cooperativas no son una solución al desempleo sino que son creadas por sus socios con el fin de mejorar las condiciones laborales. La contrastación de esta hipótesis se realizó mediante un estudio con presidentes de cooperativas recién constituidas. Los datos confirman como éstos presentan una buena experiencia laboral previa y estaban trabajando antes de crear la cooperativa.