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La reforma de las normas contables internacionales, como consecuencia del proceso de armonización/normalización contable europea, conlleva un importante cambio en relación con los instrumentos financieros que afectan a todo tipo de empresas.Las partidas financieras de las sociedades cooperativas, además de las repercusiones que puedan sufrir por su propia definición, han de ser valoradas teniendo en cuenta las características específicas derivadas de su aplicación en las empresas de participación. Concretamente, en lo referente al capital social, existe un importante debate por la consideración como instrumento de deuda, recogido inicialmente en la NIC32, desarrollado en la interpretación CINIIF 2, aunque posteriormente cuestionado por el borrador de enmiendas a la IAS32 del IASB. La reforma española parece ignorar esta polémica.En este trabajo se pretende aportar una visión crítica y una propuesta contable sobre la clasificación y tratamiento del capital en las sociedades cooperativas, argumentándose a lo largo de este documento la opinión contraria a la inicial propuesta de las normas internacionales y a la solución española.

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La integración cooperativa, exponente del sexto principio cooperativo de intercooperación, representa un fenómeno de concentración de empresas cooperativas. Entre los diferentes mecanismos de articulación de la misma recogidos por la legislación cooperativa, los grupos cooperativos constituyen aparentemente una figura análoga a la de los grupos de sociedades mercantiles. No obstante, existen sustanciales diferencias entre ambas figuras, derivadas de la propia naturaleza de los primeros a la luz de la sustantividad de la fórmula cooperativa.El presente trabajo analiza, por una parte, hasta qué punto sería posible trasladar a la figura de los grupos cooperativos los postulados que rigen los grupos de sociedades mercantiles y, por otra, en qué condiciones y bajo qué supuestos podría un sociedad cooperativa ser miembro de un grupo de naturaleza heterogénea, esto es, integrado por cooperativas y otros tipos societarios de carácter mercantil.A partir de ahí el segundo objetivo será determinar la obligatoriedad, en esas condiciones, de elaboración de cuentas anuales consolidadas, es decir, si las sociedades cooperativas podrían integrarse en el perímetro de la consolidación, especialmente a raíz de la aparición de la figura de los “grupos horizontales”, surgida como consecuencia de la modificación de la legislación mercantil en España previa a su adaptación a la normativa contable internacional.

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Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) han establecido la condición del capital social de la sociedad cooperativa, desde el punto de vista contable-financiero, como pasivo por estar sujeto a “cancelación o devolución”, y por tanto, ser un recurso ajeno. Dicha consideración ha sido acogida con desigual aceptación por parte de estudiosos de la materia y del propio movimiento cooperativo. El principal argumento en contra de esta consideración es que, pone en peligro la subsistencia y viabilidad económica de este tipo de sociedades dado que sus estados contables las harían parecer sociedades insolventes sin capacidad de ofrecer garantías a terceros (especialmente en el caso de las sociedades cooperativas de crédito).Finalmente, se ha modificado la Ley de Sociedades Cooperativas para incorporar la posibilidad de que existan aportaciones de los socios que conserven el derecho de reembolso en caso de baja, y aportaciones sobre las que la sociedad posea el derecho incondicional a rechazar el rescate. Esta circunstancia implica privar a parte de los socios del derecho a la devolución de sus aportaciones. Esto supone que un porcentaje del capital social deja de ser exigible por los socios y pasa a formar parte del patrimonio neto de la cooperativa, lo que desvirtúa parte de la esencia de las sociedades cooperativas desde el punto de vista financiero. Bajo esta perspectiva, tiene lugar una aproximación aún mayor entre la figura de la sociedad cooperativa, en particular de la sociedad cooperativa de trabajo asociado, y la sociedad laboral, dado que hasta la fecha, la naturaleza del capital social ha sido un aspecto diferenciador entre ambas formas societarias.En este estudio se realiza un análisis comparativo, bajo la perspectiva del capital social, entre la sociedad cooperativa y la sociedad laboral, observándose un acercamiento entre ambos tipos de sociedades al limitarse, en mayor medida, sus diferencias.

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En la sociedad cooperativa subyace un contrato de sociedad que se remite a la normativa contable para la determinación de los resultados. Esto puede dar lugar indirectamente a una modificación del régimen originariamente previsto. Por tanto a la hora de legislar en materia de cooperativas se ha de partir sobre la base de la normativa contable, con mayor razón hoy en día, pues debemos tener presente el actual entorno normativo contable caracterizado por la armonización internacional. No se puede considerar actualmente a la normativa contable como un mero apéndice instrumental de la normativa mercantil supeditada a la misma.El presente trabajo pretende pues identificar las áreas más relevantes (además de las clasificación de las aportaciones al capital social como patrimonio o pasivo financiero) en el régimen económico de las cooperativas que pueden verse afectadas por las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) en la medida en que sus criterios se vayan introduciendo en nuestro ordenamiento mercantil-contable, es decir más allá de los supuestos obligatorios de aplicación de las NIIF (cuentas consolidadas de empresas cotizadas), con la finalidad de que sirva de base para futuras reformas legislativas cooperativas en orden a mejorar su régimen económico por un lado y por otro para adecuarlo a la mencionada nueva normativa mercantil-contable derivada de la adaptación a la actual normativa contable europea que adopta las NIIF. A este respecto hay que tener presente el mandato constitucional de fomento de las cooperativas mediante una legislación adecuada.

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La adopción de la normativa contable del IASB por la Unión Europea ha provocado un proceso de reforma en la legislación mercantil española, similar al acontecido a finales de los años ochenta de la pasada centuria.La aprobación de la Ley 16/2007 conlleva numerosos cambios en el marco jurídico de las empresas, particularmente, en materia contable.El presente trabajo analiza las principales novedades derivadas de la reforma, prestando singular atención a su incidencia sobre las empresas de economía social. En particular, se realiza un estudio comparativo entre el borrador del nuevo Plan General de Contabilidad, publicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría el pasado mes de julio, y la normativa actualmente vigente.

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Las peculiaridades de las cooperativas agrarias españolas dificultan considerablemente el análisis exhaustivo de sus procesos internos de gestión. Sin embargo, el gran incremento de la competencia en el sector agrario europeo en los últimos años, principalmente de países de la Cuenca Mediterránea, exige a estas entidades la mejora de sus sistemas de información de gestión.La valoración de los productos entregados por los socios para la gestión cooperativa es uno de los aspectos más debatidos por la doctrina sobre gestión de cooperativas. El objetivo de este trabajo es efectuar una revisión de los métodos de liquidación empleados por las cooperativas hortofrutícolas españolas e identificar las características propias de cada uno de ellos, con el fin de facilitar su análisis y comparación.

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La situación de transición de la contabilidad en la Unión Europea, asumiendo una orientación internacional, supone cambios de gran trascendencia en la normativa mercantil y contable de nuestro país. De hecho, se han ultimando reformas que afectan al Código de Comercio en materia contable, y consecuentemente, al Plan General de Contabilidad y que tendrán repercusión en la relativa recientemente aprobada adaptación contable al sector cooperativo, materializada en la Orden ECO 3614 / 2003 de 16 de diciembre.Por otra parte, en los aspectos económicos, financieros y contables puede observarse una disparidad de criterios en las leyes de cooperativas, que si bien en algunos casos son adecuados y responden a especificidades propias de las Comunidades Autónomas, en otros, no son justificados y, en consecuencia, asumibles bajo una cierta racionalidad.La magnitud de los cambios que se avecinan y el mínimo de cohesión que debe de alcanzar la compleja normativa sustantiva cooperativa precisan de una estrecha colaboración de expertos en materia jurídica y económica para alcanzar objetivos coherentes y satisfactorios.

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Dado que la información fiscal que se suministra en las Cuentas Anuales por las sociedades es un pilar fundamental para mostrar la imagen fiel de éstas, la importancia de presentar esta información acorde con las normas del PGC, así como aportar una información adicional tiene una relevancia incuestionable. Es por ello que este trabajo trata de medir, para una muestra de Cooperativas de Segundo Grado agrarias, el grado de seguimiento de la normativa contable y fiscal, teniendo en cuenta el nivel de información fiscal obligatoria suministrada en las Cuentas Anuales, así como el de información voluntaria aportada.

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El sector de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) en España es uno de los más dinámicos en el conjunto de las organizaciones no lucrativas. A través de estas organizaciones la ciudadanía española tiene una elevada implicación como socios, voluntarios o a través de sus aportaciones monetarias o en productos. En este trabajo nos centramos en analizar la eficiencia de las ONGD en la captación de fondos durante la década de los noventa a través del Análisis Envolvente de Datos modificado.