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El objetivo fundamental del presente trabajo es proponer un esquema teórico para promover un buen gobierno corporativo global o ampliado en las organizaciones no lucrativas (ONL), potenciando a tal efecto la participación efectiva en las decisiones de los grupos de interés relevantes y la transparencia en la rendición de cuentas. En el marco de un enfoque stakeholder integral, se detallan los fundamentos específicos de ese gobierno y se incide en los elementos que permiten lograr un compromiso efectivo de la organización con sus stakeholders y la consiguiente transparencia en la rendición de cuentas. Esta última representa un compromiso ineludible, cuyo cumplimiento reforzará a su vez el propio gobierno corporativo ampliado, de carácter plural y participativo. De este modo, se refuerza la legitimación para actuar y se favorece un mejor servicio por parte de las ONL, pues ambos factores inciden decisivamente en el desempeño e imagen de esas entidades.

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En el presente trabajo se parte de algunos datos para justificar la importancia del cooperativismo sociosanitario en Andalucía. Seguidamente se realiza un análisis comparativo de lo que sucedió en Andalucía en otra realidad sectorial que fue catalogada como una oportunidad para el desarrollo del cooperativismo de trabajo asociado -y que finalmente no culminó como tal. A pesar de sus diferencias sectoriales, esta perspectiva retrospectiva y sectorial puede ayudar a comprender el sistema que configura los elementos estratégicos claves desde los que puede entenderse cómo ciertos actores cooperativos para hacerse un hueco en un sector emergente y convulso como es el sociosanitario. Por último se analizan las estrategias de aquellos agentes cooperativos del sector sociosanitario actual que no sólo se han mantenido sino que han aumentado su presencia en el sector realizando una serie de consideraciones y reflexiones a la luz de los datos expuestos.

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La Ley de Dependencia ofrece grandes oportunidades para generar empleo que pueda contribuir al desarrollo económico y social de los territorios. Los retornos económicos y la generación de empleo se cifran en 130.000 puestos de trabajo en el Sistema de la Dependencia, lo que evidencia que a pesar de la crisis este es un Sector que genera empleo. El desarrollo desigual en la implantación territorial afecta de manera evidente a la generación de empleo. Aquellas Comunidades en las que el volumen de gestión es mínimo y las que han optado por la aplicación mayoritaria de la prestación económica del cuidador familiar, no contribuyen a que los retornos del sistema sean los deseados.Más de la mitad de las personas en situación de dependencia que reciben una prestación o servicio han optado por la prestación económica para la atención en el entorno familiar que es ofrecida por cuidadores/as no profesionales, de ellas, tan solo un 39% (150.000 personas) están dados de alta en el convenio de cuidadores en la Seguridad Social. Es preciso invertir los porcentajes de prestaciones económicas sobre el total de personas atendidas, y potenciar la red de centros y servicios que generen empleo estable y garanticen atenciones de calidad a las personas dependientes.

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El presente monográfico tiene relación con dos hechos. Por un lado, la constatación que en la primera década del siglo XXI la Economía Social en España se ha convertido en un “agente estratégico de nuestra economía porque da respuesta económica y social a situaciones que normalmente no son atendidas ni por lo público ni por lo privado, favoreciendo el desarrollo económico del país, convirtiéndose en un medio para lograr la estabilidad y el pluralismo de los mercados económicos” (CEPES, La economía social 2008-2009: 19). Por otro lado, en diciembre de 2006 se promulgó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, conocida como “Ley de Dependencia” o LAPAD. Ambas realidades bajo el título ‘El papel de la Economía Social en la aplicación de la Ley de Dependencia’ son objeto de estudio de los artículos de este número, que he recibido el encargo de coordinar.

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El aumento de la longevidad acompañado de un importante descenso de la fecundidad durante los últimos 25 años está generando una rápida transición demográfica hacia una población envejecida. Esta realidad es una manifestación clara de la mejora de las condiciones sanitarias y de bienestar de la población tanto europea como española, llegándose a hablar del “sobreenvejecimiento”, es decir, el incremento de la población mayor de los 80 años.Este artículo analiza la relación entre el sector público y la economía social con el fin de garantizar la protección social a la dependencia, nuevo objeto de protección social, universal y subjetiva.Garantizar la atención a la dependencia es responsabilidad del Sector Público pero, para ello, puede contar con la colaboración de las empresas de mercado y las entidades del Tercer Sector las cuáles, por sus características propias, pueden asumir un papel fundamental en la implantación y el desarrollo de la “Ley de dependencia” formando parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia -SAAD-.

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El trabajo que presentamos a continuación pretende ofrecer una propuesta de marco teórico para el análisis de la relación entre la Economía Social y el Estado de Bienestar, con el objeto de aproximarnos desde esa óptica a la participación de éste primero en el ámbito de la dependencia, y ponerlo en relación con los actuales debates conceptuales sobre la Economía Social. Desarrollamos así, en un primer apartado, la revisión de las principales propuestas teóricas que han abordado el estudio de esta relación desde estudios comparativos a nivel internacional. En un segundo apartado, trazaremos las principales líneas de cambio que están adoptando los estados de bienestar y el consecuente re-equilibrio generado en cada régimen entre Economía Social y sector público, para de esta manera plantear las principales coordenadas sobre las que se presentan los nuevos desafíos conceptuales de la Economía Social. Acabaremos el artículo con un apartado de conclusiones y una serie de consideraciones al respecto.

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El artículo presenta una evaluación del impacto de los mecanismos de participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de bienestar social en el ámbito municipal de la Región de Murcia así como su incidencia en sus actores y en la red de cooperación interasociativa. Los resultados de la investigación, realizada entre 2004- 2010, son comparados con investigaciones, realidades y tendencias observadas en otros estudios y experiencias de ámbito nacional e internacional. Los resultados de la investigación permiten, en primer lugar, sistematizar a modo de tipologías los mecanismos de participación existentes en el ámbito regional y, posteriormente, identificar las contribuciones, limitaciones y tendencias más significativas de los Consejos Territoriales Locales en su capacidad para influir en los procesos de democratización y eficacia de las políticas de bienestar social en el ámbito local.

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El objetivo de este artículo es analizar las potenciales repercusiones del envejecimiento demográfico sobre la demanda de los diferentes servicios sociales que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como las implicaciones que su implantación puede tener para las entidades de la Economía Social más activas en la atención a las personas dependientes. Para ello, tomando como ámbito territorial la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una de las regiones más envejecidas de España, se proyecta la población anciana dependiente para el período 2007-2015 y se estiman los posibles efectos en términos de costes y de empleos según la evolución prevista de dicha demanda de servicios. Asimismo, se lleva a cabo un análisis estratégico de la implantación del SAAD en dicha región, que se apoya en los resultados de una encuesta realizada a las entidades del Sector No Lucrativo de Acción Social (SNLAS).

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En España, la rama de actividad de servicios sociales es una de las pocas que ha conseguido mantener un crecimiento positivo del empleo desde que se desencadenó la crisis de 2008, demostrando el importante potencial de generación de empleo que tiene la atención a la dependencia. Para hacer posible el aprovechamiento de todo este potencial es necesario que no se regateen esfuerzos a la hora de asignar los recursos necesarios y que se actúe con una voluntad firme para reconducir las desviaciones que amenazan con desvirtuar los planteamientos, principios y valores que inspiran la LAPAD. En un momento en el que el empleo debe convertirse en la gran prioridad, dedicar recursos al desarrollo e implantación de las infraestructuras y servicios que garantiza la LAPAD es una de las mejores formas de contribuir a conseguir un modelo de crecimiento más equilibrado, más sostenible y más intensivo en creación de empleo estable y cualificado.

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En la denominada Ley de la Dependencia se realiza un reconocimiento expreso a algunos de los agentes que integran la Economía Social, se subraya su importancia y se plantea un tratamiento preferencial para este colectivo en aspectos nucleares del sistema. En este artículo se ha intentado reflejar la importancia del Tercer Sector en la atención de la dependencia y sus parámetros más significativos, utilizando como referencia los hospitales de larga estancia privados sin ánimo de lucro. En primer lugar, se describe este colectivo y, a continuación, se compara con otros agentes utilizando tres parámetros básicos (costes, ingresos y personal). Este análisis pone en evidencia la necesidad de que el sistema de información para la atención de la dependencia incorpore datos que permitan identificar y desglosar los agentes que integran la Economía Social. El objetivo es otorgarle visibilidad e identificar sus fortalezas/debilidades en un sector de futuro como es la atención a la dependencia.

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La cultura organizacional y la imagen corporativa se configuran como las dos caras de una moneda crucial en el desarrollo de la reputación de cualquier organización. Si bien la literatura científica ha profundizado sobre el concepto de imagen e identidad en diferentes ámbitos de la economía y la sociedad, no existen prácticamente estudios que lo hayan hecho en las residencias de mayores en España partiendo del concepto de cultura organizacional, y menos aún centrando el estudio en aquellas residencias pertenecientes al sector solidario. Describir el efecto sobre el ciudadano en su toma de decisiones y la percepción de los servicios prestados por estas organizaciones y la contribución a la sociedad es el objetivo principal de esta investigación de ámbito nacional en la que obtenemos interesantes conclusiones sobre las diferencias en la percepción de las residencias del sector solidario, respecto a las residencias públicas y privadas lucrativas.

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La finalidad de este artículo es analizar el grado de control al que están sometidas las fundaciones públicas estatales a través de la auditoría externa, para determinar si se está realizando un seguimiento de la gestión pública en estas instituciones, que evite la desconfianza que está generando la utilización progresiva de esta figura jurídica por la Administración Pública.El estudio, realizado para el período 2001/2007, revela, por un lado, que estas instituciones se auditan anualmente, cumpliendo la Intervención General de la Administración del Estado con su obligación de auditar a todas las fundaciones de tamaño grande; y por otro, que la opinión favorable es la que presentan la mayoría de las fundaciones. Sin embargo, se hace oportuno extender la auditoría a las no auditadas, y mejorar la gestión de las fundaciones auditadas, corrigiendo las salvedades detectadas en los informes.