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La Organización de Naciones Unidas (ONU), con su Declaración del año 2012 como “Año Internacional de las Cooperativas”, recordaba la contribución que este modelo de empresa tiene en el desarrollo económico y social de muchas regiones y países del mundo, proponiendo la necesidad de una mayor visibilidad de sus beneficios y un mayor apoyo al mismo. En este trabajo se presentan los resultados de una encuesta realizada a expertos pertenecientes a organizaciones nacionales del sector de distintos países, siguiendo la metodología Delphi. El cuestionario empleado tenía por objetivo recabar información acerca de la situación, problemática y marco general en el que se desarrolla la actividad cooperativa en distintos países. El análisis de la información cualitativa aportada por los expertos permitió identificar obstáculos que dificultan el desarrollo de marcos nacionales más propicios, valorándose positivamente el impulso que a nivel político ha tenido la celebración del Año Internacional de las Cooperativas.

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La aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE nº 76, de 30 de marzo de 2011) ha coincidido en el tiempo con las consecuencias más negativas que la crisis económica ha desplegado en España. También con las respuestas de la Administración para combatirlas. Sin embargo, las posibilidades que de algún modo puede ofrecer esta norma para que la Economía Social contribuya a mejorar las cosas en interés general, se ven frustradas por su absoluta inaplicación tras más de tres años de vigencia.Los previsibles procesos de recuperación económica y social no pueden afrontarse sin la Economía Social, por ello, lo primero es aplicar la Ley 5/2011 y concretar las medidas que se establecieron para el fomento y desarrollo de este sector y a partir de ahí proyectar acciones de calado con su participación activa y suficiente. Una de esas medidas consiste en facilitar la institucionalización de la Economía Social desde una perspectiva amplia y permanente. La Ley 5/2011 también puede servir a tal finalidad.

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España es uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea donde las sociedades cooperativas han sido recibidas expresamente en la Constitución como acreedoras de un mandato de fomento o promoción pública (art. 129.2 CE). La presente investigación intenta demostrar que, en nuestro sistema jurídico, ha existido más política cooperativa que Derecho cooperativo o fomento cooperativo. El principal lastre de nuestra legislación cooperativa, histórica y vigente, es su acusada politización. Lo que se ha agudizado en nuestro Estado Autonómico.El fomento público de la cooperación, como intuyó nuestro legislador constituyente, pasa en primer lugar por una legislación adecuada, en una doble perspectiva. Primero, en la técnica legislativa, lo que demanda la redimensión del actual mosaico legislativo en materia cooperativa. Segundo, en el contenido del Derecho aplicable a las sociedades cooperativas (jurídico-privado y tributario, principalmente), pues debemos retomar la conciencia de que cualquier configuración legal no da origen a una sociedad cooperativa. El tipo social cooperativo tiene unos principios asentados internacionalmente y admitidos por la Unión Europea. Si falta una auténtica sociedad cooperativa, no tienen sentido ni la legislación cooperativa (estatal o autonómica, adecuada o no), ni el fomento de las empresas cooperativas con mayores o menores beneficios fiscales. Además, junto a ello se constata que la aplicación del régimen de ayudas de Estado a las empresas cooperativas en la Unión Europea incurre en ciertas contradicciones y un escaso respeto a la libertad de empresa rectamente entendida.

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Esta investigación analiza la configuración del consejo de las 59 ONGD miembros de la Coordinadora estatal (CONGDE) que publican en sus webs el curriculum vitae de sus consejeros así como el efecto que tiene su idiosincrasia sobre la configuración del órgano de gobierno. Las características de la organización marcan, por una parte, sus necesidades asesoras y supervisoras y, por otra, su capacidad para atraer consejeros especialmente implicados y capacitados. Los resultados muestran cómo las entidades más jóvenes, las fundaciones y las entidades no religiosas están haciendo un esfuerzo por configurar sus órganos de gobierno de forma óptima y, por el contrario, las entidades más grandes parecen estar desaprovechando su capacidad para atraer consejeros valiosos y desperdiciando, por tanto, la posibilidad de configurar un consejo que les ayude en la consecución de sus fines organizativos.

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Existe un creciente interés por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pero si bien es cierto que son muchos los organismos, trabajos y estudios que se han interesado por este tema, no se puede encubrir que en algunos ámbitos existe escepticismo sobre su aplicación. Por ello y a través de este trabajo se quiere contribuir a mostrar si las empresas que dicen ser Socialmente Responsables lo son realmente. Para ello se estudian los determinantes de la RSC, tratando de analizar si detrás de los mismos hay una RSC de forma o de fondo. Uno de los principales resultados es el que se ha dado en llamar “efecto contagio”. El estudio se ha realizado para 122 empresas españolas cotizadas, durante el período 2000-2009.

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Dado su carácter social, las cooperativas son altamente susceptibles a la divulgación de memorias RSC. Sin embargo, en comparación a las sociedades mercantiles, éste es un campo con reducidas aportaciones en la literatura (especialmente respecto a su verificación). Mediante este estudio se pretende aportar nuevo conocimiento sobre el estado de la cuestión, explorando las prácticas adoptadas por las cooperativas de crédito españolas en relación a la publicación y verificación de memorias de RSC. Los resultados muestran como no está muy extendida la elaboración de memorias RSC estandarizadas ni su verificación. Por otro lado, cuando las cooperativas de crédito proporcionan información sobre su RSC, divulgan especialmente datos sobre temas sociales.

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A pesar de la abundancia de investigaciones que destacan la relevancia de la innovación para la mejora de la competitividad empresarial en general, no son tan frecuentes los específicamente referidos a las empresas de la economía social. Este artículo caracteriza el comportamiento innovador de este tipo de empresas, a fin de detectar los elementos que las puedan proporcionar algún tipo de ventaja diferencial a la hora de innovar. Para ello, primeramente, se revisan los principales factores que condicionan el fenómeno de la innovación empresarial y se estudia su incidencia particular para las empresas de la economía social, tomando como referencia el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León. Posteriormente, usando un modelo de regresión logística binaria multivariante y a partir de los datos de una encuesta a las empresas, se identifican los factores condicionantes del comportamiento innovador de estas organizaciones.

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Los Centros Especiales de Empleo (CEE), como referente de Empresa Social en España, destacan por trabajar en el mercado para dar cumplimiento a una misión prioritariamente social. Su comportamiento y su capacidad de respuesta resultan paradigmáticas en el mundo académico, y acaparan de forma creciente el interés de los investigadores. En este trabajo el objetivo es dar respuesta a cómo compatibilizan actividades de corte diferente, unas de claro enfoque mercantil y otras de marcado perfil social, para originar niveles de impacto económico y social. Para ello se propone utilizar un conjunto de regresiones logísticas binarias con la finalidad de medir la probabilidad de generar desde las actividades un determinado nivel de impacto.

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Para las almazaras cooperativas oleícolas exportar ha pasado a convertirse en una exigencia para crecer y ganar competitividad, como consecuencia del exceso de oferta que caracteriza al mercado nacional. En este trabajo de investigación analizamos algunos de los factores que tradicionalmente se han relacionado con la posibilidad de que las empresas coloquen parte de su producción en los mercados internacionales. Los resultados extraídos muestran que la formación del gerente, el tamaño de la empresa y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), influyen favorablemente en la actividad exportadora de las sociedades cooperativas oleícolas andaluzas.

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El papel de la familia en el desarrollo económico y social de un país tiene una relevancia indiscutible, que no se circunscribe únicamente al rol de agente económico que suministra factores al proceso productivo y demanda bienes y servicios. La familia aporta capital humano a la sociedad y es la base del reemplazo generacional. En los países OCDE, especialmente aquellos en los que la política social se basa en la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, la baja natalidad está suponiendo un obstáculo casi infranqueable para la continuidad y viabilidad del Estado del Bienestar, tal y como lo conocemos. La política económica debe tener presente la notable importancia de la familia en todas sus decisiones y la política fiscal, específicamente a través del diseño del sistema impositivo, el cual se constituye como un instrumento poderoso para lograr los objetivos que se propongan en relación con dicha Institución.