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Con independencia de condicionantes de tipo ideológico, resulta ampliamente aceptada la necesidad de instrumentar medidas de apoyo a aquellas organizaciones o sectores que demuestren su especial contribución al cumplimiento de objetivos socioeconómicamente relevantes. La economía social responde al anterior perfil, ocupando progresivamente un papel relevante, tanto en áreas económicas tradicionales (agroindustria, comercio,…), como en nuevos espacios sociales (presentación de servicios sociales, inserción laboral de colectivos,…).En este contexto, este trabajo, de un lado presenta argumentos de carácter teórico y empírico que justifican la existencia de un tratamiento fiscal diferenciado en el seno de la Economía Social, y de otro lado, analiza la magnitud de este beneficio fiscal, a través de un análisis transversal del sistema impositivo español.

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En España tradicionalmente se viene aplicando en las Cooperativas un Régimen Fiscal Especial, actualmente regulado en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre.La Ley 43/1995, de Impuestos de Sociedades, respeta la vigencia y autonomía propia de la Ley fiscal de las Cooperativas, reafirmando así la importancia de esta Ley. Al mismo tiempo, explicita una vez más su necesidad y justificación, solución, en opinión del autor, correcta y clarificadora, ya que la Ley Fiscal especial de Cooperativas regula de forma global normas especiales de ajuste, que afectan principalmente al Impuesto de Sociedades, y normas de incentivos o bonificaciones tributarias en determinados impuestos, que configuran un marco propio de protección fiscal.En esta línea, la nueva Ley de Impuesto de Sociedades modifica, para darle una nueva redacción, algunos artículos de la Ley 20/1990 (Disposición Final Segunda).La Ley sobre el Régimen fiscal de Cooperativas responde a los siguientes principios:A) Normas de ajuste técnicoAdecuación y ajuste técnico de las normas generales del Impuesto de Sociedades a las características propias y especial funcionamiento de las cooperativas en determinados elementos esenciales del Impuesto: Base imponible, enumeración de las diferentes clases de rendimiento (cooperativos y extracooperativos), deuda tributaria, tipos de gravamen, compensación de pérdidas, etc.B) Normas de Protección Fiscal1. Se generaliza la protección fiscal a todas la cooperativas.2. La especial protección se reserva a las cooperativas que actúan en el sector primario de la economía (Agrarias o explotación comunitaria de la tierra y el mar), trabajo asociado y consumidores y usuarios.3. A las cooperativas protegida se les concede amplios beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones y tipos reducidos) en diferentes impuestos, especialmente en el Impuesto de Sociedades.

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El artículo recoge la necesidad y legitimación de una fiscalidad especial para las cooperativas en la Unión Europea, así como las diferentes normas fiscales en este tipo de empresas con una especial incidencia en la normativa fiscal de cooperativas en España.

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La configuración dogmática de la cooperativa como forma específica de agrupación voluntaria de personas en nuestro ordenamiento y los principios que sintetizan su régimen constituyen una atalaya privilegiada desde la que contemplar y valorar la construcción de un régimen fiscal especial que, por mandato constitucional, ha de incentivar el cooperativismo e integrar la legislación autonómica en materia de cooperativas. Objeto del presente trabajo es examinar, tanto desde una perspectiva funcional como estructural, alguno de los aspectos del tratamiento fiscal de las cooperativas para destacar el grado de asimilación de los principios y conceptos que forman parte de su regulación sustantiva así como detener la atención, siquiera sea brevemente, en la influencia que la legislación fiscal ha tenido sobre su régimen jurídico sustantivo y sobre la formalización del hecho normativo del cooperativismo.

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La fiscalidad local abarca el conjunto de tributos que el ordenamiento jurídico atribuye como ingresos de las Corporaciones Locales, básicamente Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Este conjunto de recursos comprende dos grandes grupos con características financieras notoriamente distintas, los impuestos y el conjunto de tasas y contribuciones especiales, que estas administraciones pueden exigir con motivo de la prestación de servicios o la realización de obras de competencia local, y en los supuestos recogidos en las normas. En este artículo el autor realiza un estudio del régimen fiscal de los agentes encuadrados en la economía social en los impuestos locales, y del alcance de los beneficios así como las perspectivas de futuro de los impuestos locales.

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Al no existir, a fecha de hoy, un cuerpo que reúna toda la fiscalidad sobre la materia que se encuentra dispersa y presente en las distintas regulaciones de los impuestos de tributos, tanto estatales como autonómicos y locales, en aras a la brevedad de esta exposición, y so pena de no poder afrontar ninguno de los problemas que deben al menos suscitarse, hemos estimado acertado referirnos únicamente a la fiscalidad de las fundaciones en el Impuesto de Sociedades, que por otra parte es el que mayor problemática está planteando entre los responsables de las fundaciones.

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El presente trabajo pretende, básicamente, los tres siguientes objetivos: A) Identificar con claridad quiénes y con qué requisitos pueden ser socios y asociados de las principales instituciones de la llamada economía social: Cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales. B) Partiendo del concepto y de las clases de renta concebidas por el legislador fiscal, analizar, sucintamente, la estructura de liquidación del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas para mejor incardinar los conceptos relativos a la tributación de los socios y asociados. C) Comentar las peculiaridades fiscales de la tributación de los socios y asociados incidiendo en los aspectos que, pensamos, son más relevantes, a saber: retornos cooperativos, anticipos laborales, retornos anticipados, retenciones, deducciones, valoración de las participaciones sociales a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

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El autor pretende examinar la reciente normativa del Impuesto de Sociedades, aprobada al amparo del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco por las instituciones territoriales de dicha Comunidad con competencia sobre la materia, al objeto de resaltar su incidencia sobre las entidades y empresas situadas en la órbita de la llamada economía social. La labor es fundamentalmente descriptiva y de síntesis. Conviene advertir que en un amplio sector de las entidades integradas en el ámbito de la economía social poseen regímenes fiscales diferenciados. Con todo, la regulación positiva del Impuesto de Sociedades tiene evidente y notoria trascendencia sobre cualquier sujeto pasivo del tributo, y por tanto también sobre las entidades mencionadas.

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Las secciones de crédito representan un importante instrumento financiero para las cooperativas de las que forman parte, contribuyendo además de forma determinante en el desarrollo socio-económico de la zona donde se ubican. La carencia de personalidad jurídica propia distinta de la de la entidad en la que están integradas origina que su tributación esté determinada por la de la cooperativa a la que pertenecen. Esto se traduce en una menor presión fiscal en comparación con otros intermediarios financieros como las cooperativas de crédito, al disfrutar de los beneficios fiscales genéricos que se otorgan a través de la Ley 20/90 de Régimen Fiscal de Cooperativas (RFC). Sin embargo, las restricciones operativas que impone la Ley de RFC en la definición de los rendimientos cooperativos supone una penalización para las secciones de crédito al incrementar su base imponible sometida al tipo general.

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Tras presentar los criterios de definición y las organizaciones americanas que se asemejan más a nuestras cooperativas, mutuas y asociaciones, Charles Rock y Mark Klinedinst describen algunos dispositivos (Employee Stock Ownership Plans – ESOP, inversiones éticas o sociales, ahorro de proximidad) que se sitúan en la frontera de la economía social en la medida en que no satisfacen determinados criterios que ellos han definido previamente. De esta manera, delimitan una economía social