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El autor, a parte de destacar las notas más características del proyecto de ley general, hace hincapié en la participación del movimiento en la elaboración del proyecto, define éste como una ley de cooperativas para el siglo XXI, porque es una ley que ofrece numerosos instrumentos a las cooperativas para hacer posible su competitividad en una economía global. También destaca que la cooperativa es una sociedad de personas, y es un reto para las cooperativas saber conjugar su naturaleza personalista con su presencia en el mercado. Por último, hace una expresa referencia y defensa de las cooperativas de integración social, como ese tercer sector de la economía que forma parte de lo que genéricamente conocemos como economía social.

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La cooperativa como “Firma” o empresa necesita de la Ley, pero el modelo legislativo español es excesivo. Se hace necesaria una Ley de armonización (art. 150.3 de la Constitución). La legislación además debe fomentar el Buen Gobierno de las Sociedades y el acceso al mercado de capitales de las cooperativas.

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Desde febrero de 1998 el Parlamento Andaluz está debatiendo el Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas que, en breve, se convertirá en Ley. El Proyecto, mucho más extenso que la vigente Ley de mayo 1985, supone un indudable perfeccionamiento técnico jurídico de la normativa precedente, si bien introduce algunas soluciones (principalmente en el régimen económico de la sociedad) que deben ser meditadas y enmendadas.

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Tras una breve introducción, se entra en el análisis según van apareciendo, de las principales innovaciones que recoge el Proyecto de Ley de Cooperativas de Aragón. Se estudian sus causas, sus precedentes en la actual normativa y las posibles consecuencias de cara a la configuración de la realidad social del Cooperativismo en la Comunidad Autónoma. Se incide en temas como las nuevas figuras de integración social, la amplia libertad de configuración del órgano de administración y las transformaciones que experimenta su régimen económico. Respecto a la regulación específica de las distintas clases de Cooperativas, se destaca la creación de dos nuevas: la de iniciativa social y la de Servicios Sociales, así como algunas previsiones específicas para las de Trabajo Asociado, donde se reduce a tres el número mínimo de socios y las Agrarias, en las que se introduce la figura del voto ponderado. Por último, se exponen algunas breves conclusiones sobre el significado de la futura Ley.

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En la Comunidad Autónoma de Extremadura existe, desde hace poco tiempo, una regulación propia de la materia cooperativa constituida por la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, (Diario Oficial de Extremadura, nº 49 de 2 de mayo). El objetivo de estas “notas” es exponer las singularidades de la nueva Ley en relación con el Derecho del Estado y, en ocasiones, con otros Derechos autonómicos. En menor medida también se analizan algunas cuestiones de interés del Derecho de Sociedades Cooperativas.

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A través de la Ley Orgánica 16/1995, el Estado transfirió a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva en materia de cooperativas. En desarrollo de esta competencia, el Gobierno autonómico aprobó un Proyecto de Ley de Cooperativas de Galicia. Este Proyecto se debate actualmente en el Parlamento y, en todo caso, parece próxima su aprobación. En el presente artículo se analizan los objetivos fundamentales del proyecto y las principales modificaciones que éste introduce con respecto a la legislación estatal vigente hasta el momento en la Comunidad Autónoma.

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El Borrador de Anteproyecto de Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, entregado en abril de 1998, es un texto que pretende innovar los materiales normativos existentes hasta ahora sobre cooperativismo, en especial la Ley estatal de 1987, con la que se realiza la comparación en este trabajo. Las innovaciones afectan tanto a aspectos dogmáticos (concepto de Cooperativa, puntualizaciones en el caso de transformación) como a problemas prácticos, que unas veces tratan de facilitar la constitución de Cooperativas de Trabajo (a partir de un mínimo de tres socios) y otras de regular ampliamente la tipología de los cooperadores y los derechos de los mismos. En el régimen de los órganos sociales el Borrador de Anteproyecto clarifica la división de competencias entre la Asamblea y el Consejo Rector, permite el voto ponderado en aquel órgano, flexibiliza la regulación de las Juntas Preparatorias, mejora profundamente las garantías de los procesos electorales, obliga a una autorregulación de derechos y obligaciones de los Consejeros y modifica profundamente el régimen retributivo de éstos. Otras innovaciones orgánicas importantes afectan tanto a los Interventores como al Comité de Recursos. En cuanto al régimen económico el texto prelegislativo mencionado trata de favorecer la financiación de la Cooperativa, de defender su solvencia y de mejorar la posición económica del socio. Finalmente en este trabajo se ponen de manifiesto las innovaciones previstas en dicho Borrador sobre modificaciones y transformaciones sociales, así como sobre clases de Cooperativas.

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Las autoras del presente estudio realizan un exhaustivo cuadro comparativo de aquellas legislaciones o proyectos legislativos que actualmente se desarrollan o legislan el cooperativismo en nuestro país.